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Omar Perotti ordenó abrir una investigación en el Ministerio de Seguridad por el presunto espionaje ilegal

A través del decreto 2651, el gobernador instruyó al fiscal de Estado Rubén Weder para que determine si hubo ilícitos y quiénes fueron sus responsables.
30 de noviembre 2021
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Luego de los allanamientos al Ministerio de Seguridad, que tuvieron origen en el marco de la licitación por la compra de armas al estado de Israel y que derivó en la causa de espionaje ilegal, sin perdida de tiempo el gobernador Omar Perotti a través del decreto 2651, el titular de la Casa Gris instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder, a realizar una investigació nel seno de esa dependencia.

El escándalo por las carpetas encontradas en el Ministerio de Seguridad que «revelarían» un el presunto espionaje ilegal ordenado Sain a a figuras destacadas del quehacer provincial entre ellos empresarios, sindicalistas, políticos y periodistas, durante su gestión al frente de la cartera de seguridad estalló un día después de la renuncia de todo su equipo al Ministerio de Seguridad a cargo de Lagna.

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El Decreto
Con la firma del gobernador Omar Perotti el decreto que ordena la investigación señala que «habiéndose efectivizado medidas judiciales en el ámbito del Ministerio de Seguridad de esta Provincia de Santa Fe, dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación destinadas a recabar una serie de pruebas que hacen a investigaciones judiciales», frente a esa situación «es deber de este Poder Ejecutivo, instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar sí, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento».

En el escrito, que lleva la firma del gobernador Perotti, se precisa que «a los efectos de dilucidar si se han infringido normas que regulan el funcionamiento del Ministerio de Seguridad y, en su caso, determinar, si existieran, las responsabilidades administrativas que correspondieren», es oportuno instruir al Fiscal de Estado «para que, a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios dependiente de esa jurisdicción, inicie de manera inmediata los procedimientos administrativos que legalmente correspondan».

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