Mientras Entre Ríos y Córdoba ofrecen tres pagos para enfrentar las facturas de los períodos de alto consumo, en Santa Fe se ha optado por mantener políticas comerciales sin cambios, más allá de la crisis. Una decisión provisoria, bajo monitoreo.

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Las políticas comerciales de la Empresa Provincial de la Energía no van a cambiar, al menos en el corto plazo, según confirmó a El Litoral una alta fuente de esa compañía estatal, ante una consulta respecto de la posibilidad de que se cree un nuevo esquema de pago en cuotas.

Tras una serie de análisis internos, la EPE optó por no abrir esa chance para el pago regular de las facturas y en cambio mantener sus convenios para aquellos clientes que no pudieron pagar a tiempo sus boletas. La misma fuente subrayó que esos planes son más económicos desde el punto de vista de la financiación para los usuarios residenciales, en especial, los casos sociales y los jubilados, con hasta 24 cuotas.

La decisión de la EPE contrasta con la de otras dos empresas distribuidoras de la Región Centro, que también están en manos de los gobiernos provinciales. En Córdoba se inició el plan de tres pagos para morigerar los impactos de dos decisiones tomadas por el gobierno nacional, que encarecen la energía eléctrica en todo el país: por una parte la quita de los subsidios a los sectores medios en la segmentación tarifaria y por otro, la actualización del precio del kilovatio en generación y transporte a nivel mayorista.

Luego, en Entre Ríos se adoptó una decisión similar, con idéntico mecanismo: un sistema de préstamos por parte del banco que actúa como agente financiero oficial del Estado entrerriano (en Córdoba, BanCor pertenece a la banca pública provincial).

A todo esto, a las decisiones de los demás integrantes de la RC también se sumaron otros dos estados provinciales ubicados en los extremos geográficos del país: Misiones primero y Tierra del Fuego luego, se anotaron en esas políticas de financiación para un servicio de fuerte componente estacional. Por el calor en un caso, por el frío en el otro.

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Santa Fe parece haber optado por confiar en la aún solvente economía de la mayoría de sus usuarios residenciales y en su tradicional criterio de no cortar la luz a quienes se acerquen a las oficinas comerciales de la EPE a financiar sus boletas ya vencidas. Esta última cuestión es clave: los días que se tomaron las autoridades de la compañía santafesina para tomar su decisión se apoya en los datos que acerca un indicador: la tasa de morosidad que hasta ahora no se mantiene casi constante, con un leve incremento que se considera "marginal".

Es en rigor esa posibilidad (la de que se cree una corriente imparable de no pago) la que también precipitó las decisiones de Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Tierra del Fuego y también Chaco (con pagos tres pagos mensuales para la luz y el agua del verano) de ofrecer financiación en cuotas antes de que la realidad de los bolsillos flacos degrade a sus históricamente buenos clientes en unos usuarios morosos. O en algo peor, enganchados.

En el ámbito de los servicios públicos, como en otros de la sociedad, no es sencillo recuperar a sectores que caen en la condición de deudores crónicos. Y más a quienes delinquen al hurtar energía eléctrica, por el móvil o la excusa que fuera.

En medio del panorama cambiante, de fuertes tensiones en el ámbito de las prestaciones monopólicas de los servicios públicos, los números de la morosidad le darán o no la razón a la EPE. No otorgar cuotas mientras se pueda, parece ser la consigna de la medida. Pero todo es provisorio en un contexto económico y social complejo.