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Un grupo de empresario ofreció donar arroz para evitar el juicio por el derrumbe de un tramo de la ruta 1

Los tres directivos de la industria de explotación arrocera son investigados y fueron acusados por la Fiscalía por la coautoría de los delitos de estrago doloso; daño calificado y daño simple.

 

La Fiscalía expresó que los empresarios, investigadas por haber construido terraplenes ilegales que provocaron estragos en la localidad de Colonia Teresa (departamento San Javier) y el derrumbe de un tramo de la ruta provincial número 1, quisieron evitar el juicio a prueba a cambio de kilos de arroz que serían donados a una entidad de bien público y manifestó su oposición a la suspensión del juicio.

“La posibilidad de resolver este conflicto a través de una solución no punitiva –como es la suspensión de juicio a prueba– no se corresponde con la magnitud del daño que causaron los empresarios con su accionar delictivo. Por eso rechazamos este planteo de la Defensa” sostuvieron desde el MPA.

“La reparación propuesta tiene un valor ínfimo en relación a los perjuicios sufridos por otros ciudadanos y por el Estado provincial a raíz de las conductas ilícitas”, aseveró la Fiscalía. “Si bien el daño económico será calculado por la Querella, está documentado que el Estado debió destinar por lo menos 34 millones de pesos al arreglo de alcantarillas y tramos de la ruta deteriorados por los delitos que investigamos”, mencionó.

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El MPA destacó que “debido a las construcciones ilegales que realizaron los acusados, quedaron incomunicadas varias localidades, lo cual impidió tanto el tránsito de personas como el traslado de animales y de productos”. Además, cuestionó que “la Defensa pretenda desacreditar la grave afectación al medio ambiente que los acusados generaron en favor del lucro propio”.

Los acusados son un hombre de 69 años, de iniciales RAC, que es el presidente de una industria de explotación arrocera; una mujer de 61, de iniciales MAN, que es la vicepresidenta titular de la firma; y un hombre de 64, de iniciales RFC, que es el vicepresidente suplente.

Los tres directivos de la industria de explotación arrocera son investigados y fueron acusados por la Fiscalía por la coautoría de los delitos de estrago doloso; daño calificado y daño simple.

 

Los hechos

En cuanto a los hechos investigados, el MPA recordó que “los acusados levantaron terraplenes de más de seis kilómetros de extensión alrededor del predio rural en el que está instalada su empresa”, y detalló que “los montículos de tierra llegaron a tener dos metros y medio de altura”.

Se narró que “desde 2007, las personas investigadas construyeron sin autorización canales de riego y desagüe y un canal de derivación de alrededor de tres kilómetros de largo con desembocadura en la cuneta oeste de la ruta provincial número 1”.

“Las obras que resultaron de la conducta delictiva obstruyeron el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo Saladillo Dulce y provocaron una desviación de caudales hacia el río San Javier”, explicó la Fiscalía.

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El MPA aseguró que “en enero de 2019, la situación irregular llevó a que se generara un dique aguas al norte de los terraplenes y a que se destruyera un tramo de la ruta provincial número 1 luego de que una alcantarilla localizada en el kilómetro 190 superara ampliamente su capacidad”.

“Las construcciones ilegales produjeron daños materiales en una vivienda y la inundación de campos ubicados al norte del predio de la industria que dirigen los acusados”, sostuvo la parte acusatoria. Asimismo, destacó que “las circunstancias atípicas hicieron peligrar el casco urbano de Colonia Teresa”.

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