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Usaban nombres de indigentes para hacer facturas truchas: defraudaron al Estado por unos $300 millones

El juez que lleva adelante la causa por asociación ilícita fiscal dijo que esta maniobra produjo una defraudación por 300 millones que presumen fueron a parar a los bolsillos de los imputados. Indicó que en principio se trata de delitos no excarcelables.

 

El juez federal de San Francisco Pablo Montesi, que junto a Ricardo Bustos Fierro investiga la resonante causa por una millonaria evasión fiscal pergeñada en base a facturas truchas y empresas fantasmas, reveló que hasta la lupa está puesta en comprobantes que suman más de 1000 millones de pesos y produjeron una defraudación al Estados por unos 300 millones. Todo apunta a que esa cantidad de dinero fue a parar a los bolsillos de los imputados, que son más de 20 en nuestra zona.

En una entrevista, el juez Montesi aclaró que en la causa rige el secreto de sumario, pero comentó que el delito de asociación ilícita fiscal que se investiga y por el cual hay 9 personas de nuestra ciudad y región detenidos no es excarcelable ya que contempla penas mínimas superiores a los 3 años de prisión.

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El letrado confirmó que la creación de empresas fantasmas a nombre de personas de pocos recursos que tras pocos meses eran dadas de baja es una de las «patas» de la investigación junto a la confección de facturas truchas.

Montesi explicó que existe secreto de sumario dado que todavía no se indagó a la totalidad de los imputados (este lunes se le tomó declaración al contador Lucas Sopetto y hoy se realizaría lo propio con el resto de los 9 detenidos), y además resta por evaluarse los resultados de allanamientos que se llevaron a cabo en otras jurisdicciones como Río Cuarto.

Contó que la causa «se inició a partir de una denuncia de la Afip que detectó factura y tickets fiscales apócrifos destinados a evadir impuestos a la ganancias e IVA. No digo que sea la realidad de este caso, pero a veces hay grupos o personas o bandas que se hacen de controladores fiscales ‘en blanco’ que producen la factura que usted quiera. Lo sorprendente es que no solo la producen de manera aleatoria y discrecionalmente sino también de la forma correcta. El formato es correcto aunque todos los elementos que contengan sean apócrifos».

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que uno de los ardides utilizados por los evasores fuera la creación de empresas a nombre de indigentes o personas de escasos recursos que eran dadas de baja pocos meses después, Montesi indicó: «Todo el sumario y la investigación que hizo Afip apunta en esa dirección. Una de las patas de esta organización sería esa modalidad».

El juez aseguró que hasta el momento los imputados son más de 20. De ellos, 9 se encuentran detenidos y 4 están prófugos. Una de las personas acusadas se presentó con un abogado y presentó una solicitud de excarcelación que fue rechazada, por lo que se considera prófuga.

 

El monto de las facturas

Montesi afirmó que «serían más de 1000 millones de pesos los que se facturaron de manera apócrifa», lo que arroja una defraudación por 300 millones. Esta cantidad de dinero sería la ganancia que tuvieron los responsables de estas maniobras y que fue a parar a sus bolsillos: «La forma en que la investigación está presentada, escalonada y denunciada apunta a eso».

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El juez federal dijo que por el momento no hay actuaciones referidas a municipios de la región ni a funcionarios. «Sabemos por medios periodísticos que Afip está investigando. No sé si esa información ya fue remitida al Ministerio Público Fiscal», explicó.

 

Las penas

El delito por el que están imputados profesionales de nuestra ciudad y la región es el de asociación ilícita fiscal, que prevé una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión. En el caso de los cabecillas, ese piso se eleva a 5 años.

«Los delitos no serían excarcelables porque los mínimos serían mayores a 3 años. Lo que hay que evaluar es el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación», explicó Montesi.

Ante la pregunta de si entre los detenidos hay líderes de la organización respondió: «El fiscal todavía no asigna roles. Creo que con el correr de la investigación esto irá surgiendo».

En cuanto al papel de las mutuales en esta causa explicó: «Estamos investigando 3 mutuales que son Morteros, Isla Verde y Devoto. Pero no las allanamos como fue en el caso de El Fortín o Altos de Chipión por su funcionamiento sino porque se tenía como origen de documentación apócrifa algunas IP que tenían como domicilio sedes de estas mutuales. Se hizo participar a un perito para que realice un back up. Pero los procedimientos no tienen que ver con la actividad de la mutual en sí».

La Voz de San Justo

 

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